Economía

El DNI libreta tiene fecha de extinción: para el año 2015 todos los argentinos deberán votar únicamente con la tarjeta que actualmente expide el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Así, durante los próximos tres años, los que aún no han realizado el trámite para obtener el nuevo documento -que ahora sólo es una tarjeta- tendrán que pasar por el Registro Civil. Para los comicios del año próximo, sí se podrán utilizar las libretas de enrolamiento, la libreta cívica y el actual DNI, que aún permanecen vigentes para la realización de cualquier trámite, según el proyecto de ley que aprobó el miércoles pasado el Senado de la Nación para modificar el Código Electoral. Desde el Registro Civil de Córdoba, el director Juan Arato, dijo ayer que "aún no existe ninguna decisión acerca de que las libretas pierdan vigencia". "La idea de la Nación es suplantarlas gradualmente por las tarjetas, y se entiende que para el año 2015 se va a afectar a la menor gente posible", explicó.

 

Se reemplaza el DNI por una tarjeta para las obligaciones cívicas.Con 41 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto que modifica el Código Electoral y habilita así la emisión del voto con la nueva tarjeta de identidad, en lugar del tradicional DNI libreta. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, logró dictamen el martes pasado, luego de que obtuvo el apoyo de los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Aníbal Fernández, tras escuchar el informe del ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Ayer el debate se extendió por varias horas. El primero en hacer uso de la palabra fue Marcelo Fuentes (FpV) quien, como miembro informante, destacó que se trata de “modificaciones” y no una “reforma” de la ley vigente.

En el radicalismo, Mario Cimadevilla se refirió a la falta de definición de la constancia de votación. “La propuesta puede presentar serios problemas de operatividad. Que se delegue en el Poder Ejecutivo mediante la reglamentación es un grave riesgo, porque el partido de gobierno también compite en las elecciones”, dijo.

A su turno, la senadora salteña Sonia Escudero criticó el punto que prohíbe a los fiscales votar en la mesa que no figuran, ya que consideró que esto “limita la libertad” de los partidos menores y los obliga a tener fiscales en todas las mesas. Además, pidió pasar a un sistema de boleta única.

Siguiendo con las exposiciones de los bloque opositores, María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, calificó el proyecto como más propio de un Estado policíaco que democrático. “El artículo 6, sobre las multas, cercena derechos. La Constitución en ningún lado dice que un ciudadano puede ver cercenado su derecho a ser elegido o contratado para el empleo público. Hay improvisación en la política pública”, dijo la senadora mientras mostraba el nuevo DNI tarjeta con la leyenda “No válido para emitir el voto”.

Los cambios

- Se reemplaza el DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas. En tanto, la constancia del voto será entregada por el presidente de la mesa electoral y contendrá los datos del votante. El formato de dicha constancia será establecido durante la reglamentación de la ley.

- Tanto la Libreta de Enrolamiento como la Libreta Cívica y aun el Documento Nacional de Identidad, en cualquiera de sus formatos, continúan siendo documentos habilitados para votar.

- Se fijan multas de entre 50 y 500 pesos para quienes no emitan su voto. El infractor no podrá ser designado para desempeñar cargos públicos durante tres años. Además, si no paga la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales.

Los ministros de Planificación Julio de Vido, de Trabajo, Carlos Tomada y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos denunciaron que la Ciudad "no se hace cargo de los subtes" cuando hay una ley nacional que así lo establece. Convocó a la partes a resolver rápidamente el conflicto.

En una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda informaron sobre la situación  de los subtes. Pidieron a Metrovias que haga propuesta para resolver el conflicto salarial y a la Ciudad que “se haga cargo de los subtes”.

Julio De Vido denunció que el grupo Roggio, dueño de Metrovías, giró regalías por 500 millones de pesos desde el 2003 hasta ahora, y aseguró que la Ciudad “se está borrando”.

Además, el ministro Carlos Tomada aseguró que convocó al titular de Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) con la fuerza pública en plena facultad de sus atribuciones como autoridad de aplicación de la Ley de Paritarias.

“Los convocamos de todas la maneras, hasta hice una conferencia de prensa advirtiéndoles” que es responsabilidad de la ciudad participar de la reuniones paritarias, afirmó Tomada, quien además sostuvo que la empresa Metrovías “no realizó ninguna propuesta frente al reclamo salarial de los trabajadores”.

El ministro De Vido señaló que desde el año 1979 la Nación le transfirió el dominio de los subtes a la ciudad. “No puede estar bajo ninguna discusión que los subtes son de la ciudad”, enfatizó.

Explicó que hasta 1994 Sbase se hizo cargo del servicio y que al momento de la licitación “no sin poca picardía, se delegó la operación, sin declinación de potestad del dominio, a la Nación”.

“Luego –continuó De Vido- se aprobó una ley donde de la Ciudad solicita que se le devuelva esta delegación, y finalmente el 4 de enero este año el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, firmó el acta en el que reciben a los subtes, tanto el control, como la operación y fundamentalmente la potestad tarifaria”.

De Vido indicó que Macri fue capaz de aplicar su potestad tarifaria en cuatro días, “con un tarifazo del 127%”, pero que incumple con el resto de sus atribuciones. “Esta incumpliendo con una ley que fue aprobada por una amplísima mayoría en el Congreso de la Nación”, afirmó.

Las negociaciones entre empresarios y sindicalistas del sector metalúrgico no lograron alcanzar un acuerdo, pese a las intensas discusiones mantenidas  en el Ministerio de Trabajo, y que se prolongaron durante más de cuatro horas. No obstante, fuentes que participaron del encuentro aseguraron que hubo avances que podrían culminar en un entendimiento en la reunión que mantendrán las partes  en la cartera laboral.
“El jueves vamos a tener un nuevo encuentro para definir el porcentaje de aumento salarial. Nosotros nos mantenemos en la propuesta del 22% de aumento en dos pagos, más el pago de una suma no remunerativa a confirmar. Nosotros ofrecemos $ 1100, la UOM pide $ 2000. Yo creo que mañana vamos a estar cerrando en torno al 24 o el 25%”, confirmó ayer a este diario una fuente que tomó parte en las negociaciones por parte del sector empresario.
El principal diferendo entre las pretensiones de la UOM y la propuesta empresarial gira en torno a la incorporación de una suma fija de $ 300 que los metalúrgicos cobraron durante los primeros tres meses, como consecuencia del acuerdo paritario del año pasado. La pretensión de los metalúrgicos también abrió fisuras en el frente empresarial, conformado por grandes compañías y pequeñas y medianas empresas, donde la incidencia del salario en el costo laboral es mucho mayor. Ante la falta de avances, la semana pasada la UOM dispuso un paro de actividades en todo el territorio nacional, si bien en seguida acató la extensión de la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral. La medida de fuerza causó malestar en el gobierno nacional, que veía en Caló como posible sucesor de Moyano.
En medio de los reclamos salariales de diversos sectores, todas las miradas están puestas en la resolución de la paritaria metalúrgica. No sólo por el alcance sectorial –abarca a unos 250 mil trabajadores en todo el país, siendo la más importante del sector industrial– sino porque el titular de la UOM, Antonio Caló, es hasta el momento la principal carta del frente antimoyanista para disputar la elección interna de la CGT el próximo 12 julio. “El gobierno no nos pidió ser candidatos, sino los trabajadores metalúrgicos”, afirmó ayer Caló durante su participación en un programa en la señal C5N. “Hay gente que apuesta a que el modelo fracase. Al plan económico del gobierno los trabajadores lo vamos a respetar. Venimos de 2001 y reconocemos el progreso, por eso lo vamos a defender”, agregó el dirigente. Caló se refirió también al discurso de Cristina Fernández, donde pidió “sensatez” en los reclamos gremiales.

La petrolera española Repsol dio el primer paso para llevar a la Argentina ante un tribunal internacional por la expropiación parcial del paquete accionario de YPF, dispuesta por ley del Parlamento días atrás.

El camino abierto busca llegar a un arbitraje la nacionalización de YPF, que obtuviera en ambas cámaras del Congreso una abrumadora mayoría que incluyó a la mayor parte de los legisladores de la oposición. Mediante una carta enviada a la presidenta Cristina Fernández, la firma española declara la existencia de una controversia en la expropiación del 51 por ciento de la petrolera nacional. Este paso es el primero para llevar el caso a un arbitraje internacional, porque es previo a una demanda ante el Ciadi, el tribunal que funciona en el marco administrativo del Banco Mundial. La petrolera española considera que la actuación del gobierno argentino vulnera el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y que esta controversia debe dirimirse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, explicaron fuentes de Repsol en Madrid. A partir de este momento se abre un plazo de seis meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Ciadi. El gobierno español hizo saber desde el momento mismo en que se anunció el proyecto de expropiación, el 16 de abril, que defendería los intereses de Repsol ante todos los organismos internacionales. Sin embargo, las respuestas en el seno de la Unión Europea fueron lo suficientemente tibias e inocuas como para que la Argentina, que recibió el respaldo de los países sudamericanos, deba albergar muchos temores de represalias que puedan significar un real escollo para la economía del país. Por el contrario, Madrid fue denunciado por discriminación ante la UE por Buenos Aires debido a su decisión de suspender las compras de diesel oil procedente de Argentina.

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